Por los pasillos del Edificio Murillo Toro de Bogotá, sede del Ministerio de las TIC, andan circulando un par de borradores de una norma en la que están en juego multimillonarios contratos para la modernización de la identificación digital de los colombianos. Se trata del artículo 134 de la reforma al Código Electoral, una iniciativa que ha estado rodeada de denuncias sobre la supuesta repartija de puestos en la Registraduría a cambio de su aprobación y hasta de intereses opacos de grupos empresariales para quedarse con jugosos contratos que entrarían en escena.

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