Colombia ha registrado pérdidas por delitos cibernéticos que superan los USD 800 millones según datos de la ANDI, mientras el Centro Cibernético de la Policía Nacional reporta decenas de miles de denuncias formales por delitos informáticos cada año. Estas cifras no describen únicamente un problema tecnológico: describen una realidad de negocio.
El fraude digital ya no es un problema del área de TI
Paralelamente, el sistema bancario nacional ha recibido miles de millones de intentos de ciberataque, con incrementos del 69% interanual. Los vectores de ataque más sofisticados no apuntan a vulnerabilidades de infraestructura, sino a las grietas en los procesos de autenticación e identidad de las organizaciones.
Según LexisNexis Risk Solutions, en Colombia el 65% de las empresas reportaron un aumento del fraude en los últimos doce meses, y cada peso perdido por fraude le cuesta a una organización en promedio 3,76 veces su valor nominal, una cifra que asciende a 4,48 veces en el caso de instituciones financieras.
Para los líderes que toman decisiones de negocio, esto plantea preguntas que no pueden seguir delegándose: ¿con qué certeza sabe su organización que la persona al otro lado de una transacción digital, un contrato electrónico o una solicitud de acceso es quien dice ser? ¿Cuál es el costo real de no saberlo?
Autenticación e identidad digital: el nuevo campo de batalla competitivo
Durante años, las discusiones sobre autenticación e identidad digital estuvieron circunscritas a departamentos de ciberseguridad y tecnología. Eso ha cambiado de forma irreversible. Hoy, la forma en que una empresa verifica identidades — de sus clientes, sus empleados, sus socios comerciales — tiene impacto directo en frentes que los líderes de negocio no pueden ignorar.
Confianza transaccional y regulación
En Colombia, el marco normativo alrededor de la identidad digital y la firma electrónica ha evolucionado significativamente desde la Ley 527 de 1999. La obligatoriedad de la facturación electrónica ante la DIAN, las disposiciones de la Superintendencia de Salud y los requisitos de KYC digital del sector financiero han creado un ecosistema regulatorio en el que la identidad verificable no es una opción: es un requisito de operación.
BioCatch documenta además que el fraude por malware se disparó significativamente en América Latina, y países como Colombia y Chile han aprobado leyes que obligan a los bancos a reembolsar a clientes víctimas de estafa, un antecedente que eleva directamente el riesgo legal de no operar con mecanismos de autenticación robustos.
Costo real de las brechas y resiliencia operacional
Más allá del fraude transaccional, el costo de una brecha de seguridad corporativa tiene dimensiones que las organizaciones suelen subestimar. El IBM Cost of a Data Breach Report estima que el costo promedio de una brecha en América Latina supera el millón de dólares, impulsado principalmente por la interrupción de operaciones y la pérdida de confianza del cliente, no por los costos técnicos de contención.
Biometría, firma digital y KYC: tecnologías que cambian la industria
El mercado colombiano está experimentando una convergencia tecnológica sin precedentes. La combinación de verificación biométrica certificada — incluyendo biometría facial validada contra bases de datos del Registro Nacional del Estado Civil (RNEC) — firma digital con certificados emitidos por entidades acreditadas ante la ONAC, y certificados SSL/TLS para la securización de comunicaciones corporativas, está construyendo una nueva capa de infraestructura de confianza para la economía digital.
Los datos de TransUnion para Colombia son elocuentes: el 27% de los intentos de fraude digital reportados ocurrieron vía vishing (llamadas telefónicas de suplantación), mientras que el monto promedio perdido por consumidor colombiano víctima de fraude digital alcanza los millones de pesos.
Las organizaciones que comprenden esto están tomando ventaja competitiva medible:
- ✓ Menores tasas de fraude.
- ✓ Procesos de compliance más ágiles.
- ✓ Contratos y actos administrativos con plena validez jurídica.
- ✓ Capacidad de operar en entornos regulados con mayor velocidad.
Las decisiones que cambian la industria se toman con información, no con intuición
En mercados donde la velocidad de cambio regulatorio y tecnológico supera la capacidad de respuesta de muchas organizaciones, el acceso a contexto estratégico de primera fuente se convierte en una ventaja diferencial. Certicámara, como entidad acreditada por la ONAC y autorizada como operador biométrico por la RNEC, acompaña a ejecutivos, líderes de transformación digital, compliance y riesgo de las principales organizaciones del país en los retos de autenticación y validación de identidad digital en entornos de finanzas corporativas.
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Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud deberán subir, a través del Sistema de Recepción, Validación y Cargue (NRVCC), los reportes de información correspondientes a cada vigilado. Estos reportes deben cumplir con los requerimientos específicos establecidos para cada entidad y deben estar firmados digitalmente por los responsables, incluyendo el representante legal, el contador y el revisor fiscal.
La Superintendencia Nacional de Salud, a través de su Circular Única, ha proporcionado instrucciones claras para el reporte de información de las entidades vigiladas, con el objetivo de asegurar la calidad, confiabilidad, suficiencia y reporte oportuno de la información requerida. Esta medida busca garantizar la validez e integridad de los documentos mediante la utilización de la firma digital.
El próximo 20 de julio vence el plazo para enviar los reportes sobre Compra de Cartera, Facturas Compra de Cartera e Incumplimientos. Con el fin de evitar sanciones, las entidades vigiladas deberán incorporar estos mecanismos en sus procesos internos, buscando el apoyo de una entidad de certificación digital especializada. En este sentido, Certicámara se posiciona como una entidad de confianza que puede proveer tecnologías especializadas para cumplir con este requisito.
«La exigencia de la firma digital como requisito por parte de la Superintendencia de Salud es un gran avance para modernizar y optimizar los trámites en el sector público. Además, proporciona una mayor seguridad y validez en los procesos de rendición de cuentas«, afirmó Martha Moreno, presidente ejecutiva de Certicámara. «En Certicámara, estamos comprometidos en apoyar estos procesos en beneficio del avance tecnológico y la protección de la identidad e integridad de las personas en entornos electrónicos«.
Es importante recordar que, de acuerdo con la Ley 527 de 1999, la firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y permite determinar la identidad del titular, garantizar el no repudio, la autenticidad e integridad del documento. Para su validez, esta firma requiere de un certificado de firma previamente emitido por una Compañía acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
Las entidades obligadas que cuenten con un certificado digital de token virtual, adquirido con Certicámara, tendrán la libertad de firmar cualquier documento de esta índole, en formato PDF, a través de Certifirma web sin complicaciones.
La solución tecnológica de Certicámara, Certifirma web, se destaca como una opción segura y única en Colombia. Esta plataforma permite la firma digital de documentos, de esta manera, los vigilados podrán reducir costos y cuidar el medioambiente, sin necesidad de instalaciones engorrosas. Para obtener más información sobre la firma digital y las soluciones de Certicámara, visite su sitio web: https://certifirma.co/
