«SUPLAN-TIDAD», la perversa suplantación de identidad


01/05/2021

<p>«SUPLAN-TIDAD», la perversa suplantación de identidad</p>

«SUPLAN-TIDAD», la perversa suplantación de identidad



A pesar de lo anterior, la falsificación de documentos para acceder a contratos con el Estado, la suplantación de identidad para abrir líneas telefónicas, obtener créditos financieros o para hacer compras cuantiosas por internet son algunos de los delitos que están afectando actualmente a los colombianos y al sector público. En cifras, según la DIJIN, la suplantación de sitios web fue de 4.776 casos durante el 2020, frente a 892 casos en 2019, esto representa una variación del 435%. En cuanto a la suplantación de identidad, por correos electrónicos, se presentaron 1.527 casos en 2020, y en el año inmediatamente anterior se habían presentado solo 300. Mucha atención al siguiente dato, las entidades gubernamentales más suplantadas por medio de correos maliciosos, han sido la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud. La pregunta es, ¿por qué si existen mecanismos tecnológicos con altos estándares de seguridad técnica y jurídica, que ofrecen empresas colombianas, siguen creciendo los delitos cibernéticos y el robo de información?Desde hace más de 20 años, gracias a la ley 527 de 1999, Colombia dispone de una regulación especial para poder hacer uso de medios tecnológicos, pero dado el retraso que afrontaba nuestro país, la aplicabilidad de esta normativa era muy baja. Precisamente, dicha ley introduce  la firma digital, como una herramienta que identifica plenamente a la persona que firma un mensaje de datos, un documento, un correo electrónico, en fin, y asegura jurídica y técnicamente que el documento firmado es igual que el original.



La respuesta implica una profunda reflexión ante la imperativa necesidad de fortalecer y estructurar los procesos de transformación digital de entidades gubernamentales y empresas. En particular, invitamos a entidades como Colombia Compra Eficiente, Innpulsa Colombia, Colciencias y demás participantes del sector, a realizar un análisis jurídico y técnico, de manera integral para la promover el buen uso de las tecnologías e incentivar presupuestos destinados a la seguridad digital tanto de documentos electrónicos como de sistemas de información, sedes electrónicas o portales de Internet. Es inaudito y lo digo con total franqueza, que los funcionarios aún sigan utilizando firmas escaneadas o digitalizadas para emitir resoluciones, leyes, circulares, certificados, entre otros, que pueden ser alterados y modificados.



Bajo el contexto anterior, hacemos un llamado para que el sector público impulse la protección de la identidad digital de su gente y de los ciudadanos. La misma invitación y en el contexto de la protección de los negocios, socios y empleados, va para las empresas y representantes del sector privado. La implementación de estas tecnologías es fácil y rápida, siempre y cuando se elija a un aliado idóneo, que además garantice la conservación de la información con altos estándares en infraestructura tecnológica. El Estado debe convertirse en el principal promotor de las firmas electrónicas que sean certificadas por una entidad acreditada, como Certicámara S.A., para evitar suplantaciones de identidad y fraude en documentos que debe presentar una persona, en los trámites que realiza, a través de sus canales virtuales.



*Presidente  Ejecutiva de Certicámara S.A.