Entrevista. "se respetó el debido proceso en la asignación del espectro", MinTIC
22/02/2020
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dijo que se respetó el debido proceso en la asignación del espectro y que se mantiene estable la seguridad jurídica de las empresas que operan en Colombia. La Ministra confirmó que el plan sigue y dijo que se espera que en una próxima subasta se entregue el espectro sobrante que servirá, entre otras, para empezar a hablar de 5G en Colombia. Garantizar el acceso a la población más vulnerable del país a la información es una de las promesas más importantes del gobierno de Iván Duque. Lo anunció como uno de los planes más ambiciosos en materia de conectividad tras asistir al congreso de operadores realizado en Cartagena en septiembre del año pasado. “Le he pedido a la ministra Constaín que saquemos adelante, con la velocidad que se requiere, la subasta”, dijo el pasado 4 de septiembre. La tarea era urgente porque suponía varios hitos: empezar a conectar al 50 % de la población colombiana que no tiene acceso a servicios de datos móviles, asegurar inversiones por 5.000 millones de dólares y entregar espacio en bandas bajas (700 MHz), que es una de las más apetecidas puesto que con menos antenas puestas, se puede cubrir más localidades. En entrevista con EL COLOMBIANO, Sylvia Constaín, titular de la cartera, aclara la posición del Gobierno frente a las polémicas que se desataron por la renuncia de Partners a uno de los bloques adjudicados, por el cual se había ofertado 1,7 billones de pesos que al final no recibirá el Estado; también se refirió a lo que sigue en el proceso. ¿Cuál es el análisis del Estado sobre el proceso de asignación del espectro? “Lo que ha habido ha sido una aplicación de la reglamentación y legislación que cubre la subasta en la que uno de los participantes renunció a uno de los bloques. En el proceso cada bloque viene de manera independiente, de uno de esos recibimos una solicitud de retiro, o renuncia, y tal cual como prevé la resolución, la consecuencia fue anunciada el jueves. Muy importante resaltar que hicimos la asignación de los nueve bloques adicionales que van a elevar la conectividad de 3.658 localidades, en los lugares más alejados del país. Eso es una gran noticia”. Los operadores manifestaron su descontento por el resultado, con relación a las consecuencias de Partners, ¿qué responderles? “Cada uno de los participantes de la subasta, en el momento que decidió estar en ella, se acogió a las leyes y reglamentos del proceso, en particular la Resolución 3078 que regula la subasta y es el marco que nos cubre y en este sentido lo que está haciendo el Ministerio es una aplicación de la regulación. Hay algunos operadores que creen que se debería aplicar la Ley 80, de contratación pública; en este caso no aplica, porque este está cubierto por la Ley 1341, la 1978 y la resolución que ya mencioné, y aquí lo que estamos haciendo es un proceso reglado, claro, en el cual hubo participación en la construcción de muchos actores. Tenemos una regulación que es la que se está aplicando. Quiero aclarar que eso es lo que le da tanta certidumbre jurídica, que estamos aplicando lo que la regulación nos dice” (ver Paréntesis). La Procuraduría recoge las preocupaciones de Tigo, en las que afirma que los mecanismos de certificación de las ofertas eran suficientes para que Partners no cometiera errores... “En un video que está circulando en el que sale el Viceministro (Iván Mantilla), explicando el funcionamiento del software dice que una vez presionado un botón, el sistema no le iba a dar la opción de echar para atrás (...) distinta es la disposición que tiene la resolución. Es muy clara en el artículo 10, que expresa específicamente en el numeral 10B esta situación. Una cosa es el hecho de que la subasta tuviera una situación con el software y otra las reglamentaciones de la subasta misma; y ahí queda muy claro que el modelo que se escogió para esta subasta es uno donde cada uno de bloques tiene una vida independiente, es decir, son en sí mismos bloques independientes; por eso la actuación en uno no afecta el precio base de la siguiente secuencia. La invitación que hago es a hacer una lectura de la resolución que cada participante, en el proceso, aceptó la condición y lo que hacemos es aplicar esa normativa. Esa es la tarea: mirar el marco jurídico en el cuál estamos y aplicarlo”. La sanción por la renuncia de Partners es de 2,41 % del valor del bloque, lo que supone un detrimento patrimonial, ¿cómo explica esto? “Es muy importante entender el marco jurídico en el que está la subasta. Ahí invitaría a hacer una lectura de la resolución a quienes tengan esta posición, pues esto no se da en el marco de la Ley 80, sino por las señaladas anteriormente, y es muy importante que se mire el reglamento específico. Se pidieron garantías y Partners las constituyó. Y en el artículo 10C una de las causales para hacer efectiva la garantía es la renuncia. Muy importante que al estar haciendo este análisis del proceso se tenga en cuenta que este es uno especial del sector de telecomunicaciones”. Desde el comienzo se dijo que el país iba a recibir 5 billones de pesos en 17 años por el proceso, ¿es porque nunca se tuvo en cuenta este bloque de Partners? “Para nada. Lo que yo dije ese día es que el país iba a tener un recaudo de más de 5 billones, no di un número y fui muy específica en el momento que dije que, adicionalmente, sería Certicámaras (que nos prestó el servicio técnico) quien certificaría cuál había sido el resultado de la subasta y el 27 de diciembre lo sacamos”. ¿Qué va a pasar con ese bloque y los de 1.900, se va a pensar en otra subasta? “Desde mucho antes, en la página del Ministerio hay un plan de 5G, que específicamente plantea una subasta nueva, de la banda de 3.500 que se daría a final de este año o principios de 2021. Se estructurará una subasta distinta, porque hay topes, usted sabe que un operador no puede tener más de una cantidad en bandas bajas y bandas altas; se entrará a revisar si eso se aplica o si se debe levantar (...) Para hacer una subasta no es de un día para otro, hay que hacer la valoración de las bandas, lo que hay es manifestación de interés...” ¿Cuál es la percepción con la que queda el Gobierno de Partners? ¿Qué es lo que se espera que pase con este jugador? “Todos los participantes de la subasta son válidos, cumplieron los requerimientos. Usted sabe que el Gobierno no tiene una actitud sobre una u otra empresa, sino que nosotros trabajamos en la construcción de política pública. Entonces, no tengo opinión sobre alguno de los participante en particular, sino que contamos con compromisos claros de continuar con esta política de tener un sector fuerte, innovador, creciente que permita llegar a las regiones, conectar a los lugares más alejados, y continuaremos trabajando con todo el sector privado para conseguir este objetivo”. Los operadores dicen que después de lo que pasó con este proceso de subasta se crea una suerte de incertidumbre jurídica... “Muy por el contrario, yo lo que diría, y los invito a ustedes a hacer la verificación, es que lo que aquí pasa es que se está reafirmando la certidumbre jurídica del sector. Tenemos un sector que tiene un marco legal que se está aplicando de manera clara y transparente. Cada actor debe tener intereses y decisiones personales, pero la función del Ministerio es una de política pública, en la que las decisiones se toman dentro del marco jurídico que nos aplica y para el interés general no el particular”. Al comienzo de la subasta eran más de 5.000 los territorios que quedarían cubiertos... “No. Había más de 5.000 localidades elegibles, en ningún momento creíamos que con la subasta íbamos a poder llegar a todas, pero teníamos que partir de un universo. La base fue esa y cada uno de los participantes entregaba ofertas de cobertura. Acá no hubo imposición, cada uno de los participantes fue autónomo en escoger. Y fueron 3.658 las que resultaron beneficiadas”. Tras la renuncia de Partners, ¿quedaron afectadas algunas localidades? “No, porque si usted recuerda había unas bandas bajas y unas altas. En esta oportunidad era la de 700 (que es la de bandas bajas) y que tenía varios elementos de decisión, pero sobre la cual se cumplía el objetivo de cubrimiento en territorio. Sobre esta no hay ninguna renuncia, solo en la banda alta de 2.500, donde el factor de asignación era bastante estrecho”. ¿Cuál es el gran reto de este año para llegar a más cobertura en Colombia? “Somos un país muy atrasado con respecto a los indicadores de conectividad en la región y con países mucho más globales, y esto es un impedimento para la competitividad y el crecimiento. Seguimos comprometidos con llevar conectividad, usted sabe que no son únicamente de asignación de espectro”.
